Por. José Gregorio Torres
Quienes no han entendido el significado de ser un funcionario público y los compromisos que se asumen cuando se adquiere una responsabilidad que tiene como finalidad convertirse en un servidor público, el cual entre sus funciones tiene, administrar bienes que le pertenecen a la nación, entiéndase esto, que son propiedad colectiva, o sea de todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos, y por lo tanto, es a estos últimos a quienes tienen el deber y la obligación de rendir cuentas de sus actos administrativos. Por ser una figura pública como lo establece la constitución, puede ser interpelado por una comunidad en asamblea o por cualquier órgano del poder público a quien le corresponda velar por los intereses de la nación, en este caso, por la contraloría en sus diferentes instancias. Sin embargo, también ejercen este poder los Concejos Municipales, Consejos Legislativos y Asamblea Nacional.
En el caso de los Municipios, además de la Ley del Régimen Municipal, las instancias comunales organizadas cuentan con las contralorías sociales, entes organizados por la propia comunidad a través de sus Consejos Comunales, quienes tienen la posibilidad de elevar ante los órganos regulares contralores y fiscales, las diferentes quejas o denuncias ante cualquier acción que presuma la ejecución de un delito, queda entendido que cualquier omisión comprobada que alguna de las instancias omita o no haga la denuncia correspondiente, se pudiera considerar cómplice del delito que se cometa, por lo que, es importante que cada uno de los ciudadanos tenga conciencia que todo bien público, es un bien colectivo y nadie de manera personal, puede promover o ejecutar una acción para obtener un beneficio personal, grupal o colectivo, violando la constitución y las leyes.
Es importante, para llegar a este punto de conciencia, se tenga conocimiento de las leyes y de las acciones que puede acarrear una actitud fuera de lo que establecen las normas y la propia constitución, pues el principio de la honestidad, es fundamental en el momento de asumir un cargo de administración pública y que está sujeto al estricto cumplimiento del deber, con transparencia y desprendimiento, pues eso significa ser un servidor público. ¿Cuáles pueden ser los delitos tipificados en la leyes venezolanas, con los que se puede juzgar a un funcionario público?: Peculado de uso, peculado doloso, peculado culposo y tráfico de influencias, el Peculado consiste en que el funcionario público, con fines ajenos al servicio, use o permita que otro use, un bien determinado, como por ejemplo, vehículos, maquinarias y otros instrumentos de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda. Esta debería ser la regla o carta que se le lea a todos aquellos que llegan a la administración pública, con intenciones de cometer actos lascivos contra el patrimonio público y que al final, causan un terrible daño a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra patria, muchos de ellos llegando a causar de manera irreversible daños a personas cuando se atenta contra bienes vitales para el funcionamiento del estado. El llamado entonces es a la conciencia, y volver a los principios de la honestidad de la transparencia y el amor por nuestro país.
