Por. José Gregorio Torres Artículo de Opinión
“Qué difícil es ser honrado en este país”. Así reza una frase que se puso muy de moda en uno de los sketch del recordado programa humorístico RADIO ROCHELA, que se transmitía todos los lunes por Radio Caracas Televisión, este programa que reflejó durante más de cuarenta años, la idiosincrasia del venezolano de todas la regiones del país en muchas ocasiones irreverente ante toda manera de actuar del venezolano inclusive a nivel de las altas esferas del gobierno y la sociedad elitesta de la época, esta frase que hoy traigo a la palestra tiene como objetivo una reflexión necesaria, pues aunque se pretenda decir lo contrario, en este país seguimos haciendo las cosas igual o peor que hace cuarenta años atrás, pero ahora se complica más porque, se pretende sustituir la legalidad por la legitimidad, cosa que nos lleva al parecer, a la inevitable anarquía.
El tema que hoy nos hace recordar esta frase, es el caso de la recientemente instalada planta de llenado de Gas Licuado de Petróleo, o gas comunal, en el casco poblado de Carache, por cierto aclarando que no se trata de obstaculizar la existencia y operatividad de esta en este municipio, pues es evidente que, entre tantas precariedades en los servicios que hoy padece la población, este es uno de los más críticos y necesarios para el colectivo Carachense, lo preocupante de la situación es que con las evidencias existentes que justifican la aplicación de la Ley de Hidrocarburos y las Normas COVENIN, se hable de una presunta, Orden directa del Gobernador Mayor Gerardo Márquez, y que esta debe cumplirse a trocha y moche. Así ha sido como se ha llegado a la decisión de los vecinos del Concejo Comunal José Juan Rodríguez de alzar sus voces para protestar ante lo que consideran un atropello a sus vecinos, al instalarse esta planta sin haberle sido consultado.
Cosa que enciende las alarmas en esta pacifica comunidad que aspira ver solucionado el problema del gas, como la mayoría de los habitantes de Carache. Sin embargo, esto ha tenido respuesta inmediata por parte de la alcaldía quien ha ordenado el cierre temporal de esta planta, lo que para muchos conocedores de la materia, es lo procedente, pues se trata de colocar en investigación el proceso con el cual se llegó a este punto, y que ha obligado a los vecinos a reunirse para concertar y acordar lo que más le convenga a la comunidad, preocupándoles a estos la pretensión de someter a consulta las leyes en una recolección de firmas, para decidir si la bomba de tiempo se queda, o se traslada a otro sitio donde genere menos riesgo, a todas estas, nos gustaría conocer la opinión de las fuerzas vivas de Carache, que al parecer, están bien muertas porque nadie se manifiesta de manera oficial en este caso, ni declaran públicamente, cuando es un problema de toda la comunidad, y no de una parcialidad que a todas luces, se sabe, tienen sus intereses económicos en el ya conocido y rayado negocio del gas comunal.
Continuación
Lo que implicaria, que por negligencia de un funcionario, la empresa haya hecho un inversión y este en peligro de perderla, lo que representaria, atención al equipo juridico de la empresa, daños y perjuicios ocasionados por la evidente negligencia del funcionario en cuestion, sencillo, si la Alcaldia no firma la conformidad de uso, en una demanda y deberis resarcir los gastos ocasionados y los daños y perjuicios, por último resaltar, que bo es la primera vez que este medio pública una información y causa un daño a la población, dberian revisar las fuentes y la veracidad de las cosas.
«La difamación e injuria en las redes sociales se refiere a la difusión de información falsa o negativa sobre una persona o entidad a través de plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Esto puede incluir acusaciones falsas, insultos, calumnias y difamaciones que afectan la reputación y dignidad de la persona o entidad involucrada. La difamación e injuria en las redes sociales puede ser considerada un delito y puede tener consecuencias legales para el autor de dichas publicaciones».
No aclare que oscurece, vuelve este medio a permitir que se publiqie un informacion en base a una «presunta», cuando se usa esa palabra, o aquella de «Supuestamente» es porque la información viene de un chisme, pero bueno qie se espera del Pollino Digital, oor otro lado, es extraño que ya teniendo el permiso del Instuto Autonomo de Bomberos del Estado Trujillo, del MPP Minas, y que la Alcaldia haya otorgado un primer permiso y le haya cobrado los impuestos a la empresa, ahora no firmen la Conformidad de uso, bueno, analizando la situacion, quien es el afectado xon la instalación de esa planta? Me da la impresion que losnwie venden las bombosas a 15$ o más, los cuales son familia de quien?, ahora bien; otra de las cosas que llama la atención, es que si la Alcaldia cobro impuestos a la empresa y sabia que se iba a instalar alli, porque no paró el proyecto de maners inmediata? Presumo que el pago era importante y hace falta dinero para terminar de pagar los 2300 dolares de la reparación del machito, o el «ingeniero» que estaba en funciones en ese momento no tenia, ni tiene la capacidad, ni los. Conocimientos tecnicos para haber realizado el llamado de atencion y decir no, antes de hacer el gasto la Empresa
Es común que los chismosos de profesión recurran a medios digitales para difamar o injuriar sin fundamento. Sin embargo, me siento aludido por su comentario y deseo refutarlo. Además, su texto presenta errores ortográficos y una mala redacción. Me gustaría informarle que el procedimiento administrativo para la no otorgación de la Conformidad de Uso se ajusta a la legalidad en estos casos. La empresa y sus representantes han sido notificados de los argumentos sólidos y ajustados a la normativa nacional y ordenanza municipal correspondiente. Por otro lado, la gerencia de Comercial Mattera. C.A. no ha presentado argumentos que justifiquen su inconformidad legal, ya que no cumplen con el marco legal de la ordenanza municipal correspondiente.
Le recomiendo que se documente adecuadamente, ya que parece tener un interés particular en este caso estrictamente administrativo. En cuanto a las insinuaciones sobre mi falta de conocimiento o negligencia, y al poner entre comillas mi título de ingeniero, estoy dispuesto a verificar mi capacidad técnica si es necesario. Si se siente afectado o si piensa que se le ha causado algún daño jurídico, le proporciono mis datos para que pueda presentar la denuncia correspondiente: Carlos Emigdio Lozada Cañizalez, CI 7.928.027. También le proporciono mi número de colegiatura ante el CIV, que es 119.044. Mi gremio tiene una comisión disciplinaria y ética a la que cualquier ciudadano puede acudir para presentar una queja por impericia de algún miembro y tomar las medidas necesarias.
Por último, quiero destacar que soy responsable de mis acciones, tanto aciertos como errores, y que he desarrollado mi carrera profesional con integridad. Estoy a su disposición para cualquier consulta adicional y espero que tenga la misma actitud respetuosa y varonil que yo. En caso contrario, pasaría a formar parte de la lista de habladores que dicen tonterías.