Por. José Gregorio Torres
El pasado domingo 23 de julio del año en curso, en horas de la tarde, sucedió en la ciudad de Valencia, un allanamiento en un establecimiento privado, en el cual un gran número de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) se encontraban realizando actividades de esparcimiento, puesto que, dicho local presta servicios a esta comunidad, de sauna, gimnasio, bar restaurant, entre otras, según lo relatan los mismos detenidos, quienes fueron imputados, con cargos de presunto ultraje al pudor, contaminación sónica y agavillamiento. Todo comenzó en el momento cuando se hizo presente una comisión de la Policía Nacional (PN) en el establecimiento privado, quienes procedieron a detener a 33 personas de la comunidad LGTBI, cometiendo todo tipo de faltas en el procedimiento, donde queda manifiesta, clara y evidente la violación de los Derechos Humanos y Homofobia de Estado.
Uno de los afectados en este procedimiento, fue el compañero Iván Valera, quien, junto al resto de los presentes, fue detenido y trasladado a la sede central de la Policía Nacional en los Guayos, para luego, ser puestos a la orden del Ministerio Público, según sus propias declaraciones, durante los tres días que permanecieron en la comandancia de la P.N, fueron tratados como si fueran unos delincuentes, así lo hizo público en entrevista que concedieran a una reconocida emisora radial en la ciudad de Valencia y en el programa de Bladimir Villegas TV. Según se ha podido observar en las redes sociales y en opinión de un gran número de personas, este tipo de procedimientos y acto judicial, coloca a la justicia venezolana en una violación flagrante, ante los Derechos Humanos esenciales, debido a que queda claro, desde un principio, el procedimiento realizado en este caso, está cargado de mala intención, donde el denunciante anónimo queda evidenciado, como un ataque homofóbico dirigido expresamente, a este movimiento.
Ahora las comunidades que luchan de manera permanente en Venezuela por los derechos de estas minoría, se preparan para elevar una denuncia formal ante este hecho que pone en evidencia la persecución, contra esta comunidad LGTBI, la cual, es un mal precedente que se está sentando en el marco jurídico, que esto pudiera conllevar a otros hechos similares poniendo en peligro la integridad física y psicológica de quienes se vean involucrados en ello, pues es una situación que coloca la garantía de los Derechos Humanos en Venezuela, en tela de juicio. La comunidad LGTBI organizada, eleva sus protestas ante este caso, se unifica para defender los derechos de los 33 compañeros que fueron vejados y expuestos al escarnio público. Igualmente, se considera importante ahora más que nunca, que todas las organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela y Latinoamérica, se manifiesten ante este atropello al Estado de Derecho.
